Rechazan trabajadores del CIAD ser afiliados al Seguro Social

La investigadora Noemí García Aguilar solicita un amparo en contra de la decisión del CIAD de trasladar el servicio médico que reciben sus trabajadores de lo privado al IMSS

Redacción/COSA JUZGADA SONORA

Hermosillo, Sonora.— La decisión del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) ha encontrado resistencia a su decisión de incorporar a sus trabajadores y profesores como derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La investigadora del CIAD Noemí García Aguilar, ha solicitado la protección de la justicia federal con el fin de evitar que los trabajadores sean afiliados al IMSS, y que se mantenga la prestación del servicio médico privado que ahora reciben.

La petición fue hecha el 23 de noviembre del 2023, luego de que los trabajadores fueron notificados de que el CIAD había tomado la decisión de reafiliar a sus colaboradores con el IMSS.

Bajo el expediente 1884/2023, el Juzgado Primero de Distrito admitió la demanda presentada por García Aguilar en contra del Fondo de Protección de Seguridad Social de los Empleados del CIAD.

La actual directora del CIAD es Graciela Caire Juvera.

En ella el reclamo era contra el convenio del 13 de julio del 2022 emitido por el CIAD en donde se determinó migrar el servicio de salud privado a los jubilados y pensionados de la institución de salud al otorgado por el IMSS.

Este convenio, explica la demanda, modifica el original suscrito el 19 de diciembre de 1990, en donde se estableció la prestación del servicio médico a los jubilados del CIAD.

La demanda presentada por la investigadora solicitaba que se le otorgara el amparo con el fin de evitar el traslado y suspención en tanto se resuelve el juicio de amparo.

Luego de admitir el recurso legal, el entonces Juez Primero de Distrito en esa fecha, Fernando Alcázar Martínez, decidió conceder la Suspensión provisional.

"... Conforme lo dispuesto en los artículos 128 y 129, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional, para efectos de que se mantenga en el estado que actualmente guardan y se le siga proporcionando el servicio de salud privado con que actualmente goza referente al convenio...", resolvió en esa fecha el tribunal federal.

En su resolución precisó que la prestación de servicio asistenciales, económicos y sociales al personal del Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, asociación civil, se mantenga el servicio de salud privado a los jubilados y pensionados.

Luego de conocer de la demanda, la Presidenta del Fondo de Protección y Servicios Sociales de los Empleados del CIAD, A.C. (FOPSS) rindió su informe al tribunal sobre la demanda recibida, establece un acuerdo emitido el 21 de diciembre del 2023.

El 26 de diciembre de ese mismo año, el apoderado legal del CIAD rindió un informe sobre la demanda y fijó para el 10 de enero del 2024 la fecha para llevar a cabo la Audiencia Incidental del caso.

Sin embargo, al llegar esta fecha, la Audiencia se debió aplazar debido a que los informes que le fueron solicitados a las autoridades del IMSS como parte mencionada en el caso no habían sido entregados.

Debido a ello, se cambió la agenda para el 24 de enero del 2024, la fecha de la nueva reunión.

"Ahora bien, debe anotarse que si bien la audiencia incidental se ha señalado fuera del término establecido en el artículo 138 de la Ley de Amparo,  ello obedece a que en el caso dicha audiencia se difirió para dar oportunidad a que sea emplazada la autoridad foránea, razón por la cual resulta materialmente imposible su desahogo y por consecuencia realizar el pronunciamiento correspondiente dentro del término de cinco días, lo anterior debido al tiempo normal que implica notificar las determinaciones por correo...", anotó el entonces juzgador titular del Primero del Juzgado Primero de Distrito de Sonora.

Solicitan revisión

Tras conocer el otorgamiento de la Suspensión Provisional otorgada a la investigadora por su reclamo, el CIAD solicitó un recurso de revisión.

El 20 de mayo del 2024 se admitió el recurso de revisión, el cual fue canalizado al Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Sonora el 15 de mayo de ese mismo año.

El magistrado al que se le comisionó elaborar la ponencia fue Gabriel Alejandro Palomares Acosta en un aviso emitido el 10 de febrero del 2025.

El caso no se ha terminado de resolver.

--- FUENTE: Cosa Juzgada